Los beduinos del Neguev han sido víctimas de una amplia serie de abusos colonialistas desde el establecimiento de Estado de Israel en 1948—y a pesar de los esfuerzos de las agencias de la ONU y de las ONGs, los abusos continúan hasta hoy.
La afrenta más reciente a la salud del pueblo beduino, a su cultura y sus medios de subsistencia proviene de la amenaza del estado israelí de poner en marcha el ampliamente criticado “Plan Prawer”. Esta iniciativa, derivada principalmente de las recomendaciones de la Comisión Goldberg, aboga a favor del desplazamiento forzado de los pobladores beduinos de sus aldeas y su reubicación a centros urbanos.
Catastróficamente para los beduinos del Neguev, el plan Prawer fue aprobado recientemente como ley. Aquéllos que defienden el derecho a sus territorios tradicionales ahora se enfrentan al desmantelamiento completo de sus propiedades, a la alienación de su entorno cultural y al despojo. A menos de que acepten someterse a un trato de inferioridad y a un acuerdo insuficiente sobre sus tierras, estos beduinos, ciudadanos israelíes de pleno derecho, serán reubicados a ciudades beduinas como Rahat, que han sido asignadas para tal propósito. Con ello, enfrentan una vida desprovista del sustento y prácticas culturales tradicionales, frecuentemente en condiciones denigrantes de pobreza urbana, en donde es probable que su salud también se deteriore dramáticamente.
El sometimiento actual del pueblo beduino del Neguev se debe en gran medida a la rigidez histórica de las actitudes del estado de Israel hacia sus cohabitantes árabes. De hecho, parecería que las opiniones sobre los beduinos han cambiado muy poco desde que el fallecido líder militar israelí Moshe Dayan hiciera un llamado, en 1963, a favor de la desaparición de “este fenómeno de los beduinos”. Mostrándolos en su discurso como invasores nómadas atrasados, el estado israelí ha obligado a los beduinos a migrar en repetidas ocasiones; los ha reubicado en municipios, impedido el acceso a sus servicios e insultado directamente su estatus de habitantes ancestrales de sus tierras.
Un ejemplo del sufrimiento del pueblo beduino fue la ubicación deliberada del distrito industrial Ramat Hovav al lado de la aldea beduina de Wadi El Na’am. Como resultado de la contaminación y de los desechos químicos, la población de esta aldea sufre un número inusualmente alto de muertes por cáncer. Otras enfermedades, como el asma, también han incrementado su incidencia, además de que han aumentado los abortos naturales. Esta situación ha llevado a un enojado activista beduino a declarar que el estado quiere que los residentes árabes carezcan de educación y de riqueza, que sean una población deforme. Por ello, los métodos que ha utilizado el gobierno para asimilar a los beduinos difícilmente han sido “sin coerción”, como Dayan sugirió que debían serlo. Es un secreto a voces que la verdadera razón de estos abusos recae en el deseo del estado de establecer agricultores judíos en el Neguev a expensas de los árabes beduinos, a base de ignorar su derecho a sus territorios tradicionales.
Existían dudas respecto a la posibilidad de que el controvertido plan Prawer fuera aprobado como ley en Israel, ya que éste, el más reciente intento de arrancarle sus tierras a los beduinos, ha sido ampliamente reconocido como racialmente discriminatorio y violatorio de los derechos humanos del pueblo beduino. La propuesta de llevar a cabo este plan ha suscitado gran preocupación por el bienestar de los beduinos tanto internamente como a nivel internacional, particularmente por parte de la ONU, ya que dos de sus agencias, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, han condenado esta medida.
Sin embargo, invocando la alegoría enmascarada del “desarrollo”, el gobierno de Israel ha ignorado estas preocupaciones y ejerció presión para que el plan se convierta en ley. El objetivo central del plan ahora concretado es demoler las aldeas beduinas que el Estado considera ilegales, que están clasificadas como no reconocidas, y desplazar forzadamente a sus pobladores a las ciudades mayoritariamente beduinas. El plan amenaza a 35 aldeas.
El gobierno ya comenzó los trabajos para eliminar la presencia beduina de la zona. El pueblo de AlAraqib es una muestra del compromiso del gobierno de Israel con la implementación de su plan: ha sido demolido la sorprendente cantidad de 37 veces desde 2010, aún antes de que el plan Prawer hiciera de estas acciones una prioridad desde el punto de vista legal. Más recientemente, después de que el plan fuera aceptado legalmente, la policía encerró a los habitantes de AlAraqib en su cementerio (dicho espacio siendo prueba del vínculo de los beduinos con su tierra) mientras destruía sus casas completas, con las posesiones de los habitantes dentro, y despedazaba los árboles de olivo, los cuales están entrelazados al sustento agrícola de los beduinos. El plan Prawer les ha quitado a los beduinos la capacidad de proteger sus tierras. Debido a que el plan recibió cierto nivel de inmunidad legal, que invalida las leyes que estén en conflicto con el mismo, los beduinos no tienen ninguna posibilidad real de éxito si apelan en las cortes.
Los beduinos enfrentan el imposible desafío de permanecer en sus tierras mientras exista el plan Prawer. No pueden obtener legalmente permisos de construcción en sus propias tierras debido a las leyes aprobadas con la intención liberar las tierras para el uso de terratenientes judíos. Sin estos derechos, sus casas y sustento están destinadas a ser demolidas legítima y legalmente, consideradas como desarrollos ilegales bajo el plan Prawer. Es necesario desafiar este nudo legalista – y el espeluznante abuso de los derechos de los beduinos en el que ha resultado – si se quiere que los habitantes de las aldeas no reconocidas vivan como ciudadanos israelíes libres. Es necesario apoyar las iniciativas existentes que buscan devolver sus derechos a los beduinos, quizás principalmente al Consejo Regional de Aldeas Beduinas No Reconocidas y a Bimkom – Planeadores por el Derecho a Planear , quienes buscan dar espacio a la voz beduina en este conflicto y en los procesos de planeación correspondientes.
De manera conmovedora, estos grupos señalan que los beduinos han estado presentes en el Neguev desde antes de la creación de Israel. También llaman a las autoridades a reconocer que extender a las aldeas no reconocidas la infraestructura y los servicios de los que gozan otros ciudadanos israelíes de hecho le ahorraría dinero al estado.
En última instancia, es el reconocimiento – y no la reubicación– lo que aliviará el sufrimiento de los beduinos. El estado lo sabe, y en vez de transferir el problema a municipios empobrecidos, debe responsabilizarse por sus propios ciudadanos y otorgarles los mismos derechos que a los demás, en este caso reconociendo la legitimidad de los reclamos territoriales de los beduinos. El primer paso en el camino hacia este objetivo debe ser la abolición del plan Prawer. Sólo si esta condición se cumple las voces de los beduinos serán escuchadas y respetadas.