Citando abusos de la petrolera y promesas rotas del gobierno, el pueblo indígena Quechua de la cuenca del río Pastaza en el norte amazónico del Peru estableció un plazo [en] que pronto podría llevarlos a un enfrentamiento directo con la compañía argentina de petróleo PlusPetrol y sumar otro punto visible en lo relacionado con los recursos a un gobierno Peruano que yá está lleno de conflictos sociales.

El Lunes 26 de Marzo, la federación indígena FEDIQUE—sigla de Federación Indígena Quechua de Pastaza—demandó que el gobierno regional de Loreto cumpla con los acuerdos que firmó el pasado Junio en el llamado Acta Pastaza [en], acta celebrada por los Quechua como un pacto histórico en temas sociales y ambientales en una zona cultural y ecológicamente delicada, donde PlusPetrol produce ganancias y contamina a expensas del pueblo indígena local.

El acta incluía promesas que iban desde la construcción de escuelas  y más maestros bilingües, hasta doctores y personal para una clínica en un área remoto donde el estado peruano tiene poca presencia y las comunidades indigenas se ven obligadas a regatear los servicios con PlusPetrol, en una relación grotescamente injusta que crea dependencia y sanciona abuso. El Gobierno regional también prometió un estudio de referencia sobre el medio ambiente y la salud de la gente del lugar para evaluar los efectos de 40 años de actividades petroleras en la región.

En una carta remitida al presidente regional Iván Vásquez el lunes, y en un comunicado antes publicado en la red por AIDESEP, la principal federación indígena amazónica del Perú, FEDIQUEP dio al gobierno 40 días para cumplir.

El tácito “y si no…” en este caso lleva una amenaza implícita de acción directa – un eco escalofriante de un enfrentamiento similar que en 2008 dejó un policía muerto, alrededor de dos docenas de activistas en la cárcel y que le costo a PlusPetrol millones de dólares en daños y paradas de producción que en última instancia condujeron al Acta de Pastaza.

Los líderes dijeron que una demanda pública tal como esta, a la que el gobierno tiene pocas posibilidades de cumplir en tan poco tiempo a distancias tan grandes como las que la región de Pastaza plantea, no fue tomada a la ligera. La llamada se produjo sólo después de que los líderes de la comunidad experimentaran la euforia inicial por la aprobación del Acta, tras lo cual vino la decepción cuando los funcionarios públicos los abandonaron en fechas y proyectos importantes, y luego el insulto inevitable cuando PlusPetrol continuaba derramando petróleo y usando tácticas divisorias sin cesar.

“Ellos (el gobierno) no han completado ni una sola cosa”, dijo David Chino Dahua, segundo a cargo de la FEDIQUEP. “Solo más palabras” dijo.

La decisión de lanzar el puño llegó a principios de este mes cuando más de 150 líderes de comunidades de base FEDIQUEP y otras comunidades indígenas se reunieron en asamblea extraordinaria en la comunidad de Santa María de Manchari.

“Los asistentes a la Asamblea reconocieron el valor y la importancia del Acta como un logro fundamental en la lucha por sus derechos y en la búsqueda del desarrollo del pueblo quechua”, dijeron los líderes de la federación en un comunicado emitido por PDDI, defensor legal de la federación y socio legal de la Alianza Arkana.

Inmediatamente después de la celebración del Acta Pastaza en junio, un nuevo grupo fue formado por líderes de muchas de las vertientes de los ríos principales de la región quienes comparten los mismos problemas con las empresas petroleras que operan en la región y los gobiernos regionales y nacionales, a los que acusan de abandonarlos. El grupo, llamado PUINAMUDT, ha solicitado, y testificado ante el Congreso, el presidente peruano y muchos otros funcionarios de alto cargo en el gobierno, convirtiéndose así en una sólida voz para el pueblo de Loreto en cuestiones relacionadas con el petróleo.

En apoyo de las demandas quechuas en la región de Pastaza y a un bloqueo permanente de un tramo de río por los pobladores de la cuenca del Corrientes, PUINAMUDT ha reiterado su petición por una investigación especial in-situ a los ministros de Energía y Minas y a otros organismos encargados de la regulación ambiental conocidos colectivamente aquí como PCM. Una delegación de funcionarios del PCM debía reunirse con PUINAMUDT el 9 de abril, por lo que la fecha era crucial para evitar una crisis de este tipo– ya tan familiar en Perú.

Los líderes de FEDIQEP también han pedido la anulación de contratos y acuerdos hechos con funcionarios de la empresa en condiciones injustas. Reafirman sus básicas demandas de una indemnización justa por el uso de sus territorios y de la rendición de cuentas por parte de PlusPetrol y de la compañía nacional de petróleo del Peru, PeruPetro, por daños ambientales y de limpieza.

Exigen una investigación completa y una evaluación de los impactos ambientales, si es que la concesión de PlusPetrol para operar en la región de Pastaza ha de ser considerada para renovación en 2014.

Si las cosas se empeoran en Pastaza, el Gobierno de Perú tendrá una lucha más en su creciente lista de conflictos socio-ambientales a la que enfrentarse.

A mediados de marzo el Defensor del Pueblo reportó 229 conflictos sociales activos o latentes en el Perú, de los cuales, por lo menos 133 eran conflictos por recursos “socio-ambientales”. El más reciente, en Piura, dejó un hombre muerto la semana pasada mientras los locales rechazaban un proyecto de gas natural previsto para una bahía del Pacífico importante en pesca a pequeña escala y de subsistencia.

Una crisis en el Pastaza, podría ser una chispa que una a un creciente movimiento contra la minería en los Andes con la batalla por la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.

Una mala señal: el presidente de FEDIQUEP Aurelio Chino Dauhua dijo el viernes 30 de marzo que ni el Presidente Regional Iván Vásquez, ni nadie de su gabinete de ministros ha respondido a las exigencias quechuas.

Chino Dahua dijo que los líderes tribales de la región van a decidir los pasos a seguir en las próximas semanas.

Darrin Mortenson es escritor y coordinador del programa de Justicia Ambiental de la Alianza Arkana [en] y del programa de Derechos Humanos. Este artículo apareció originalmente en la página web de Alianza Arkana.